
Pero eso sí, cuando unos políticos pretenden judicializar la política como arma para deshacerse del rival, convirtiendo en un farsa tanto la política como la justicia, tampoco se puede ir de rositas, y como mínimo debería hacer una rectificación pública de sus acusaciones, eso también debería ser parte de la ética política.
Podríamos creer que entonces los políticos para deshacerse del rival lo único que tienen que hacer es conseguir imputarlos por algún delito y así dimitirá. Y la pregunta es, ¿y eso es malo?, eso supone que existiría un control entre ellos, que se vigilarían, y que por tanto los ciudadanos podemos estar tranquilos. Pero mucho me temo que será justo lo contrario. Si de de verdad, al minuto de estar imputado cualquier político sea del signo que sea tuviera que dimitir, no irían tan alegremente a los juzgados a poner querellas en ocasiones absurdas. Las comisiones de investigación parlamentarias deberían ser suficientes para depurar responsabilidades políticas, y deben ser los fiscales tras analizar esas comisiones si ven indicios de delito.
Nosotros ponemos a los políticos, a nuestros representantes, con nuestro voto. Y nosotros podemos quitarlos. Para mí, podrán hacerlo bien o mal, podrán gustarme más o menos sus ideas, que para mí son el punto de partida que justifica el quehacer político y no se debe renunciar a ellas, pero creo que lo fundamental en un representante político debiera ser la confianza y la dignidad. Y por desgracia, en la Comunidad Valenciana, brilla por su ausencia en sus máximos representantes, el President y sus Consellers.